#Yucatán Madre y abogado piden justicia para el menor en #Mérida
Hace unos días, una madre de familia identificada como Johana “N” se presentó en la Escuela Secundaria Federal 1 con la intención de inscribir a su hijo, como lo haría cualquier madre que busca lo mejor para su hijo. Sin embargo, en lugar de recibir apoyo, fue recibida con indiferencia, pues se le negó el trámite sin explicación alguna.
Durante el ciclo escolar anterior, Johana había alertado a las autoridades del plantel sobre una preocupante situación, pues su hijo estaba siendo víctima de agresiones verbales, humillaciones y acoso escolar por parte de un prefecto y una profesora del mismo plantel. Estas denuncias fueron comunicadas tanto al director como a la psicóloga de la escuela, pero en ningún momento se tomaron acciones concretas.
Incluso, en una de las reuniones sostenidas, el propio director admitió frente a la psicóloga que tanto el prefecto como la maestra en cuestión habían incurrido en conductas inapropiadas hacia el menor. No obstante, la sorpresa fue mayor cuando, al regresar recientemente a la escuela para reinscribir al niño, el mismo director se negó a recibirlo. No se ofreció argumento alguno, ni un documento formal, ni una explicación verbal. Solo silencio.
Con esa decisión, se le cerró el acceso a uno de los derechos más esenciales: la educación. Todo indica que se trata de una represalia en contra de la madre por haber denunciado los abusos que sufrió su hijo.
Ella lo resume con claridad: “No estoy pidiendo privilegios. Estoy exigiendo lo que por ley, dignidad y humanidad le corresponde a mi hijo.” Además, hizo hincapié en que esta injusticia podría no ser un caso aislado, sino una situación que han vivido muchas otras familias. Su denuncia no es solo por su hijo, sino por todos aquellos menores a los que se les niega un futuro desde la entrada de una escuela pública.
El abogado Rubén Osorio Paredes, representante legal de Johana y su hijo, informó que ya se iniciaron acciones legales contra la institución por haber rechazado la inscripción sin motivo alguno.
“Esta negativa es completamente arbitraria. Viola el artículo 3º de la Constitución, que garantiza el acceso libre y obligatorio a la educación, y también el artículo 4º, que exige que toda decisión relacionada con menores priorice su bienestar”, afirmó.
Osorio también señaló que ya se han interpuesto quejas ante organismos como la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán y no descartan recurrir a mecanismos jurídicos como el juicio de amparo, en caso de ser necesario.
El abogado enfatizó: “Este caso no se trata únicamente de un menor. Representa a muchas familias que ven los derechos de sus hijos vulnerados por negligencia o desconocimiento institucional”.
Como titular del despacho jurídico Rubén Osorio y Asociados, reafirmó su compromiso con la defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes, y expresó su confianza en que las autoridades actuarán con la urgencia que el caso requiere para restituir el derecho del menor a continuar con sus estudios.
Y concluyó con una sentencia contundente.
“Negar el acceso a la educación pública sin una base legal no es solo una falta administrativa. Es una grave violación de derechos humanos. Y no debe permitirse”, expresó el abogado Rubén Osorio Paredes.
