Kinchil: La lucha por la preservación de los ecosistemas en el poniente de Yucatán ha tomado un nuevo giro legal de alta relevancia.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizó diversas visitas de verificación a un predio de grandes dimensiones ubicado en el municipio de Kinchil, Yucatán tras recibir una serie de denuncias ciudadanas presentadas por comunidades locales y defensores del territorio. En dicho lugar se desarrollan actividades industriales atribuidas directamente a la empresa Productora Nacional de Huevo (CRÍO), donde se detectó una grave violación de los sellos de clausura previamente impuestos por la autoridad federal.
Este conflicto jurídico y ambiental tiene sus raíces en noviembre de 2025, cuando la Profepa impuso una clausura temporal total debido a la afectación irreversible de aproximadamente 13.7 hectáreas de vegetación forestal. La remoción de selva baja caducifolia se realizó de manera ilegal, lo que motivó inicialmente una intervención federal. Sin embargo, la reincidencia en el desacato ha obligado a la dependencia a tramitar la ampliación de una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) por delitos contra el medio ambiente y quebrantamiento de sellos.
El desacato: Maquinaria pesada en operación ilegal
Durante una visita de inspección efectuada el 9 de enero de 2026, el personal especializado de la Profepa constató con preocupación que la orden de clausura no había sido respetada en lo absoluto. En el sitio, la autoridad observó que continuaban los trabajos intensivos de preparación del terreno mediante el uso de maquinaria pesada. Estas acciones ignoraron por completo la medida precautoria impuesta meses atrás por el cambio de uso de suelo en terrenos forestales y la remoción total de la cubierta vegetal sin contar con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) ni la autorización correspondiente emitida por la Semarnat.
Ante la flagrancia de los hechos, la Profepa procedió al aseguramiento precautorio de equipos críticos: una retroexcavadora y un bulldozer de oruga. Estas unidades eran utilizadas para la nivelación agresiva del suelo con el fin de construir vialidades internas y cimentar futuras naves industriales destinadas a la producción avícola a gran escala. Según los informes técnicos, la maquinaria pertenecía a una empresa arrendadora externa y era operada por personal de una constructora contratada específicamente por la empresa responsable del predio.
Desaparición de bienes asegurados y resistencia legal
La situación escaló en gravedad el 12 de enero, cuando los inspectores federales regresaron al predio en Kinchil para verificar que los sellos de “bien asegurado” permanecieran intactos. Durante esta diligencia, el personal de la empresa constructora mostró una actitud hostil y se negó rotundamente a recibir o firmar la orden de verificación oficial, obstaculizando las funciones de la autoridad federal.
Al ingresar al área, los inspectores descubrieron un escenario de incumplimiento grave: solo se encontraba el bulldozer, el cual ya no portaba los sellos de seguridad y había sido movido a una ubicación distinta dentro del terreno. Por otro lado, la retroexcavadora había sido sustraída ilegalmente del predio, desapareciendo del resguardo oficial. Estos hechos representan una transgresión directa al Artículo 187 del Código Penal Federal, que sanciona a quien quebrante sellos puestos por la autoridad pública.
Kinchil: Ampliación de la denuncia ante la FGR
Derivado de la reincidencia sistemática, el incumplimiento de la clausura y la manipulación indebida de los bienes bajo resguardo federal, la Profepa formalizó el 13 de enero la ampliación de la denuncia penal ante la FGR. Este recurso legal busca que se finquen responsabilidades no solo por el daño ecológico a las 13.7 hectáreas de selva, sino por el desafío a las instituciones del Estado mexicano.
La dependencia reiteró su compromiso inquebrantable con la protección del medio ambiente en Yucatán, una zona bajo fuerte presión por la expansión de la industria agropecuaria. La Profepa aseguró que continuará dando un seguimiento estricto al caso para garantizar que la normatividad ambiental se cumpla sin excepciones, advirtiendo que las multas administrativas y las penas corporales podrían aumentar de continuar la resistencia por parte de la empresa infractora. El caso de Kinchil se convierte así en un referente sobre la importancia de la vigilancia comunitaria y la firmeza en la aplicación de la ley federal.
