La Policía de Cozumel informó que los elementos fueron separados del cargo mientras el Órgano Interno de Control investiga los hechos.
Abuso de Poder: Tras los hechos cometidos y denuncias emitidas por abuso de poder durante el desalojo de un predio, el Ayuntamiento Cozumel informó que dos elementos de la Policía Municipal fueron separados de su cargo y quedaron bajo investigación luego de ser exhibidos en redes sociales por el presunto mal actuar en contra de dos mujeres en hechos ocurridos el pasado 3 de marzo.
El caso involucra a una mujer de la tercera edad con discapacidad motora, conocida como doña Daifa, quien fue desalojada de su vivienda ubicada en la calle José María Morelos, esto, debido a que presuntamente ella y su hija tienen una deuda con escritura de aval por el predio con una financiera.
Información de la nota:
Videos en redes exhiben presunto uso excesivo de la fuerza contra una adulta mayor con discapacidad durante un desalojo.
Sin embargo, en videos difundidos cubiertos por el medio local “Código ROJO Quintana” medio digital, se observa a los agentes utilizar fuerza física e incluso gas pimienta para sacarla del domicilio, situación que generó indignación entre habitantes de la isla.
De acuerdo con información difundida, el conflicto habría surgido por un préstamo de 70 mil pesos solicitado hace aproximadamente seis años, en el cual doña Daifa fungió como aval de su hija; sin embargo, la deuda habría aumentado hasta alcanzar los 800 mil pesos, cifra que familiares consideran desproporcionada.
Los mismos policías también fueron captados subiendo por la fuerza a otra mujer a una patrulla el mismo día.
Ese mismo día también se viralizó otro video donde una mujer es subida por la fuerza a una patrulla. Según reportes, en ambos casos participaron los mismos dos policías, un hombre y una mujer, cuyas identidades no han sido reveladas.
Es por ello y ante la polémica que la Policía de Cozumel, mediante un comunicado, dio a conocer que ambos elementos fueron separados de sus funciones y puestos a disposición del Órgano Interno de Control para investigar si se siguieron correctamente los protocolos de actuación durante las detenciones.
