El descarrilamiento fue consecuencia directa de un exceso de velocidad
Se descartaron fallas mecánicas en el sistema de frenado o defectos en los rieles
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó los resultados definitivos de la investigación sobre el descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido el pasado 28 de diciembre en el Istmo de Tehuantepec. El informe técnico concluye que el siniestro, que resultó en el fallecimiento de 14 personas, fue provocado por negligencia operativa y no por deficiencias en la infraestructura.
Análisis de la caja negra y causas técnicas
Tras el análisis exhaustivo de los registros de la “caja negra” del convoy, la Fiscal Ernestina Godoy informó que el descarrilamiento fue consecuencia directa de un exceso de velocidad. De acuerdo con el peritaje:
El tren ingresó a una velocidad de 65 km/h, superando el límite de seguridad establecido de 50 km/h.
Se registraron picos de velocidad de hasta 111 km/h, cuando la normativa del tramo permitía un máximo de 70 km/h.
Se descartaron fallas mecánicas en el sistema de frenado o defectos en los rieles, confirmando que la infraestructura se encontraba en condiciones óptimas para su operación.
Acciones penales y detenciones
Derivado de estas conclusiones, la FGR ha ejercido acción penal por los delitos de homicidio y lesiones culposas. Hasta el momento, se han cumplimentado dos órdenes de aprehensión:
Felipe de Jesús “N”, quien operaba la maquinaria al momento del impacto, fue localizado y detenido en el estado de Chiapas.
Ricardo “N”, técnico de despacho, detenido en Coatzacoalcos, Veracruz, bajo cargos de omisión al no activar los protocolos de frenado de emergencia.
Se mantiene vigente una orden de búsqueda para un tercer implicado, identificado como Emilio “N”.
Por su parte, el Gobierno Federal anunció que este 28 de enero inició formalmente el proceso de reparación integral del daño para los 225 afectados directos (sobrevivientes y familiares de las víctimas). La Presidenta Claudia Sheinbaum reiteró el compromiso de transparencia en el proceso y la supervisión directa de las indemnizaciones a través de las instancias correspondientes.
Con esta resolución, las autoridades cierran la etapa de investigación técnica, centrando los esfuerzos actuales en el proceso judicial contra los responsables y la atención a los deudos.
