Los señalamientos incluyen a su esposa Mariana Rodríguez Cantú por la presunta comisión de delitos financieros y el desvío de presupuestos gubernamentales hacia firmas jurídicas particulares
El comité partidista solicita a la Fiscalía General de la República realizar un rastreo financiero exhaustivo sobre los contratos otorgados por Samuel García a proveedores del estado que presuntamente triangularon capitales hacia el entorno familiar del funcionario
Contenido
La dirigencia estatal y legisladores del partido Morena acudieron de forma presencial a las instalaciones de la Fiscalía General de la República para interponer una denuncia de carácter penal en contra del gobernador de Nuevo León Samuel García Sepúlveda y de su esposa Mariana Rodríguez Cantú por la presunta comisión de los delitos de peculado corrupción y conflicto de interés relacionados con el manejo de fondos públicos.
De acuerdo con las declaraciones emitidas durante la presentación de la querella legal los denunciantes presumen la existencia de un complejo esquema de triangulación financiera que podría ascender hasta los mil cuatrocientos millones de pesos distribuidos entre partidas presupuestales de origen estatal y federal que presuntamente salieron del erario hacia diversas empresas proveedoras de la administración regiomontana.
La acusación formal sostiene bajo el carácter de presunto que las compañías contratadas por el gobierno del estado transfirieron posteriormente ciertos porcentajes de esos recursos económicos a un despacho fiscal y de abogados del cual es socio el padre del titular del poder ejecutivo local simulando presuntamente el pago de honorarios por asesorías legales que de manera preliminar se señala que nunca se llevaron a cabo en la realidad.
Asimismo los representantes del partido guinda manifestaron ante los medios de comunicación que parte de este capital presuntamente desviado pudo haber sido utilizado de forma indebida para el financiamiento de pautas publicitarias digitales y campañas de promoción personalizada en redes sociales con el aparente objetivo de consolidar la imagen pública de los implicados en el sistema político nacional.
Finalmente los promoventes de la acción jurídica exigieron a la institución ministerial realizar una investigación transparente objetiva y sin privilegios procesales que permita dar un seguimiento preciso a la trazabilidad del dinero en el sistema financiero nacional e internacional con el fin de deslindar de forma definitiva las responsabilidades legales correspondientes sobre los involucrados que hasta el momento permanecen bajo investigación.
