Recibe tres años de internamiento y deberá pagar reparación del daño
Caso Osmar “N”: Un juez especializado en justicia para adolescentes dictó sentencia contra Osmar “N”, de 15 años, por el asesinato de dos maestras de la preparatoria Antón Makárenko, en Lázaro Cárdenas, Michoacán.
El menor recibió la pena máxima que permite la legislación estatal: tres años de internamiento en el Centro Integral para Adolescentes, además del pago de 3 millones 280 mil 769 pesos con siete centavos como reparación del daño para las familias de las víctimas. La resolución fue emitida este 17 de julio durante un procedimiento abreviado autorizado por la Fiscalía General del Estado y aceptado por los familiares.
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El ataque ocurrió dentro del plantel educativo
Los hechos se registraron el pasado 24 de marzo, cuando el adolescente ingresó armado con un rifle de asalto a la preparatoria y disparó contra María del Rosario, coordinadora académica, y la docente Tatiana, quienes perdieron la vida. Tras el ataque, estudiantes del mismo plantel lograron someter al agresor y retenerlo hasta la llegada de elementos de la Policía Municipal, quienes realizaron su detención.
La ley para menores limita la sanción sin importar la gravedad del delito
Aunque los familiares de las víctimas solicitaron que Osmar “N” fuera procesado como adulto, el Código de Justicia Especializada para Adolescentes de Michoacán establece que la sanción máxima para un menor de edad es de tres años de internamiento, independientemente de la gravedad del delito cometido.
Este tipo de medida se aplica en centros especializados y tiene como finalidad priorizar la reinserción social y la rehabilitación del adolescente, en lugar de un enfoque exclusivamente punitivo.
La legislación de Michoacán, al igual que el marco jurídico nacional, establece un sistema de justicia especializado para adolescentes que busca diferenciar a los menores de edad de los adultos cuando cometen un delito. Bajo este modelo, las sanciones no tienen un enfoque meramente punitivo, sino que priorizan la reinserción social, la educación y la rehabilitación del menor, con el objetivo de evitar la reincidencia y favorecer su desarrollo integral.
En el caso de adolescentes que cometen delitos graves, como homicidio, el Código de Justicia Especializada para Adolescentes del Estado de Michoacán contempla el internamiento como una medida excepcional y de último recurso. Sin embargo, la ley fija un límite máximo de tres años de internamiento, independientemente de la gravedad del delito.
Esta disposición ha generado un amplio debate entre especialistas, autoridades y la sociedad, especialmente en casos de alto impacto donde las víctimas y sus familias consideran insuficientes las sanciones previstas.
Diversas organizaciones defensoras de los derechos de la niñez sostienen que mantener un sistema diferenciado para adolescentes responde a compromisos internacionales asumidos por México y al reconocimiento de que los menores aún se encuentran en una etapa de desarrollo. No obstante, también existen voces que plantean la necesidad de revisar la legislación para equilibrar la protección de los derechos de los adolescentes con el derecho de las víctimas a la justicia, particularmente cuando se trata de delitos que provocan una profunda afectación social.
Fuente: Excelsior
