Profepa clausura definitiva marca un precedente ambiental en Yucatán
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) confirmó el retiro total de 41 mil 570 ejemplares porcinos de la Granja Porcícola Santa María, operada por la empresa Pecuaria Peninsular, S.P.R. de R.L. de C.V., ubicada en la comunidad de Santa María Chi, como parte del cumplimiento de la clausura total definitiva impuesta desde septiembre de 2025.
La dependencia federal informó que, durante una visita de verificación realizada el pasado 29 de abril, inspectores constataron que la empresa concluyó el proceso de desocupación de animales y cierre de operaciones conforme al calendario establecido, el cual se desarrolló entre septiembre de 2025 y abril de 2026.
La clausura definitiva de esta planta porcícola fue determinada por la Profepa el 4 de septiembre de 2025, luego de detectarse incumplimientos reiterados en materia ambiental, principalmente relacionados con la descarga directa de aguas residuales sin autorización y la falta de caracterización adecuada de lodos derivados de la operación de la granja.
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Además del cierre definitivo, la autoridad ambiental impuso una multa económica de 18 millones 668 mil 100 pesos como parte de las sanciones establecidas contra la empresa.
El caso se convirtió en uno de los más representativos en materia ambiental en Yucatán, debido a las constantes denuncias de organizaciones civiles y comunidades mayas que, desde 2021, advirtieron posibles afectaciones ambientales y daños a la calidad de vida de habitantes cercanos a la granja.
Comunidades mayas y organizaciones impulsaron las denuncias
Durante años, habitantes y colectivos de la región denunciaron presuntos impactos ambientales relacionados con la operación de la granja porcícola, señalando contaminación, malos olores y posibles afectaciones al agua y al entorno natural de la zona.
Entre los grupos que dieron seguimiento al caso destaca la Red en Defensa del Agua y el Territorio Maya “To’one Ja O’on”, cuyos integrantes mantuvieron una vigilancia constante sobre el proceso administrativo y legal impulsado por las autoridades ambientales.
La Profepa informó que el pasado 30 de abril notificó oficialmente a integrantes de dicha organización sobre la desocupación total de las instalaciones y las acciones que continuarán en las próximas semanas como parte del proceso de remediación ambiental.
Tras la clausura definitiva, la Procuraduría dio seguimiento puntual al retiro gradual de los animales y al desmantelamiento de las operaciones, con el objetivo de evitar mayores afectaciones y avanzar hacia la restauración de la zona.
Las autoridades ambientales destacaron que este procedimiento representa un paso importante en la protección del medio ambiente y la salud pública, especialmente en una región donde la expansión de la industria porcícola ha generado debate entre comunidades, activistas y autoridades.
La procuradora federal de Protección al Ambiente, Mariana Boy Tamborrell, señaló que este proceso responde no solo a una necesidad ambiental, sino también a reclamos históricos de habitantes afectados por las actividades de esta industria.
“El retiro de miles de ejemplares de cerdos de la planta de Pecuaria Peninsular y el proceso de remediación y restauración de la zona son muy importantes no solo porque atienden el tema de la protección del medio ambiente y la salud pública, sino porque además atienden reclamos históricos de los habitantes de la región”, expresó la funcionaria.
Empresa deberá presentar estudio ambiental y medidas de reparación
Aunque el retiro de los animales ya fue completado, el proceso legal y ambiental aún continúa. La Profepa informó que la empresa cuenta con un plazo de 10 días hábiles para presentar el Estudio de Daño Ambiental final, incorporando las correcciones solicitadas por la dependencia.
Una vez que dicho documento sea evaluado y aprobado, Pecuaria Peninsular deberá entregar un calendario detallado de acciones correctivas y medidas de compensación ambiental destinadas a reparar los daños identificados durante las inspecciones.
Posteriormente, la Procuraduría verificará el cumplimiento de cada una de estas acciones como parte del proceso de restauración y vigilancia ambiental en la zona afectada.
La dependencia federal también indicó que continuará trabajando en coordinación con autoridades estatales y el sector ambiental para fortalecer la regulación y supervisión de la industria porcícola en Yucatán.
El cierre definitivo de esta granja representa uno de los casos más relevantes en materia de regulación ambiental en la entidad y podría marcar un precedente en la supervisión de proyectos agroindustriales en la región.
Para comunidades y organizaciones ambientales, la resolución simboliza una respuesta institucional a años de denuncias y exigencias ciudadanas relacionadas con la protección del agua, el territorio y el medio ambiente en la Península de Yucatán.
